¿Qué pasa si no doy de baja un RFC por fallecimiento?

Las consecuencias de no dar de baja un RFC tras el fallecimiento: más que una simple molestia

La muerte de un familiar es un proceso doloroso que implica una serie de trámites administrativos. Entre ellos, y a menudo olvidado en medio del dolor, se encuentra la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del fallecido. Descuidar este paso, sin embargo, puede acarrear consecuencias financieras significativas para los herederos. No se trata de una mera formalidad, sino de una obligación legal con sanciones económicas que pueden afectar considerablemente el patrimonio de la familia.

Contrario a lo que muchos creen, el RFC no se extingue automáticamente con la muerte de la persona. Mantenerlo activo tras el fallecimiento implica una serie de riesgos, el principal de ellos la imposición de multas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) considera la omisión en la cancelación como una irregularidad, generando una sanción económica que varía según el régimen fiscal del contribuyente.

Para aquellos contribuyentes que no se encontraban inscritos en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), comúnmente conocido como Resico, la multa por no cancelar el RFC tras el fallecimiento oscila entre los $5,400 y $10,780 pesos. En cambio, para los contribuyentes pertenecientes al Resico, el monto de la sanción es menor, situándose entre los $1,800 y $3,600 pesos. Estas cifras pueden variar ligeramente dependiendo de las actualizaciones del SAT, por lo que se recomienda consultar la información oficial para obtener datos actualizados.

Pero la sanción económica no es el único problema. La responsabilidad del pago de la multa recae sobre los herederos, albacea, representantes legales o directamente sobre los bienes del difunto. Esto significa que, además del dolor por la pérdida, la familia se enfrentará a una carga financiera inesperada y potencialmente significativa, pudiendo complicar aún más la ya difícil situación de la sucesión. La gestión de la herencia se vuelve más compleja y se adiciona una tarea administrativa que, de haberse realizado oportunamente la cancelación del RFC, podría haberse evitado.

Por lo tanto, cancelar el RFC del fallecido es crucial no sólo por cumplir con la ley, sino también para proteger el patrimonio familiar de posibles sanciones. La diligencia en este proceso administrativo, aunque pueda parecer una tarea más en medio del dolor, evita complicaciones futuras y aligera la carga para los herederos, permitiéndoles concentrarse en el duelo y la gestión de la herencia sin el peso añadido de una multa del SAT. Se recomienda buscar asesoría profesional para realizar este trámite de forma correcta y eficiente, garantizando el cumplimiento legal y la protección del patrimonio. Prevenir es siempre mejor que lamentar, y en este caso, la prevención se traduce en tranquilidad y ahorro económico.