¿Quién se perjudica con la inflación?

¿A quién le duele la inflación? Más allá de la simple pérdida de poder adquisitivo

La inflación, ese fenómeno económico que describe el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía, suele ser percibida como un enemigo común. Sin embargo, sus efectos no son uniformes; mientras algunos pueden encontrar en ella una oportunidad, otros se ven severamente perjudicados. Comprender quiénes sufren más con la inflación es crucial para mitigar sus consecuencias y construir una economía más resiliente.

Más allá de la simplificación de que la inflación erosiona nuestro poder adquisitivo (lo cual es cierto), la realidad es que su impacto se distribuye de forma desigual. Como bien se sabe, la inflación beneficia a aquellos que tienen deudas. ¿Por qué? Porque el valor real de esa deuda disminuye con el tiempo. Imaginemos una persona con un crédito hipotecario a tasa fija. Si la inflación aumenta, el salario nominal del deudor probablemente también aumente, mientras que la cuota hipotecaria permanece constante. En términos reales, esa cuota se vuelve más fácil de pagar, ya que representa una proporción menor de sus ingresos.

Por el contrario, la inflación perjudica a los acreedores, es decir, a quienes han prestado dinero. Al recibir el pago de la deuda, el valor adquisitivo de ese dinero es menor de lo que era al momento de otorgar el préstamo. Si bien es cierto que existen instrumentos financieros que intentan proteger al acreedor de la inflación (como los bonos indexados al IPC), no siempre son accesibles o eficientes para cubrir la totalidad de la pérdida.

Pero el impacto de la inflación va más allá de deudores y acreedores. Los ahorradores también sufren. Si los ahorros no generan un rendimiento superior a la tasa de inflación, el valor real de esos ahorros se erosiona con el tiempo. Aquellos que dependen de ingresos fijos, como los pensionados, son particularmente vulnerables, especialmente si sus pensiones no están indexadas a la inflación.

Asimismo, las empresas que no pueden trasladar rápidamente el aumento de sus costos a los precios de sus productos o servicios se ven perjudicadas. Esto puede ocurrir debido a la competencia en el mercado, a contratos a largo plazo con precios fijos, o simplemente a la dificultad de ajustar precios en un entorno de alta incertidumbre.

Otro grupo afectado es el Estado, aunque de manera ambivalente. Si bien el Estado puede recaudar más impuestos nominalmente debido a la inflación, también enfrenta un aumento en sus gastos, especialmente en programas sociales y salarios públicos. La gestión eficiente de las finanzas públicas en un entorno inflacionario es crucial para evitar un deterioro de la situación fiscal.

Finalmente, la incertidumbre generada por la inflación puede afectar negativamente la inversión y el crecimiento económico. Las empresas pueden dudar en invertir en proyectos a largo plazo si no tienen certeza sobre la evolución futura de los precios y los costos.

En resumen, la inflación, aunque pueda beneficiar a algunos en el corto plazo, tiene un costo social significativo. Perjudica a ahorradores, pensionados, empresas con capacidad limitada para ajustar precios y, en última instancia, a la estabilidad económica general. Por ello, mantener la inflación bajo control es una tarea fundamental para cualquier gobierno que aspire a construir una sociedad más justa y próspera. Y, como contrapartida, la deflación, un descenso generalizado de los precios, invierte esta dinámica, beneficiando a los acreedores y perjudicando a los deudores. La clave reside en encontrar un equilibrio que promueva el crecimiento sostenible y la estabilidad económica.